Marzo de 2012 21:10
El concejal justicialista, Guillermo López Salgado, insistió en la necesidad de llamar a licitación pública del servicio de transporte urbano de pasajeros y dijo que mantendrá su rechazo al aumento del precio del boleto si no se contempla la realidad social de los usuarios y si las empresas no corrigen las falencias observadas y denunciadas por los vecinos.
Cabe recordar que a fines de diciembre del año pasado, el edil se opuso al “tarifazo” de diferentes puntos de la ordenanza impositiva, al aumento por el servicio de la empresa Limsa, y a la suba en el precio del boleto del transporte automotor.
Recordó que en aquel entonces el aumento en el precio del boleto personalmente lo rechazó “porque el pedido fue solicitado por la Cámara Transporte, es decir no fue remitido orgánicamente como corresponde, y no fue acompañado por un estudio de costos serio, ni brindó ningún otro tipo de participación”.
Del mismo modo, se opuso a la prórroga y aprobación de nuevos permisos precarios otorgados a diferentes empresas de transporte por el término de un año, para la explotación del servicio de colectivos de pasajeros, “porque me parece un despropósito y una incoherencia con lo sostenido públicamente desde el municipio”.
“Hoy, sigo oponiéndome en ceder a las pretensiones de las empresas y en otorgar un aumento en el boleto que no contemple la realidad social de la mayoría de los usuarios, lo que haría imperioso poner en vigencia un abono social, que posibilite un descuento en el precio diferenciado, de la tarifa que eventualmente sancione la mayoría del Concejo Deliberante”, apuntó el edil.
El concejal peronista remarcó la necesidad de que las empresas cumplan los compromisos asumidos con anterioridad y de que antes de tratar cualquier suba del boleto “deberían los empresarios comprometerse a corregir las falencias del servicio que los concejales, los dirigentes vecinales y las organizaciones sociales les han marcado y hasta reprochado enfáticamente durante las reuniones realizadas en estos días”.
Por otro lado, consideró que debe haber un claro compromiso de un verdadero control en la venta de los boletos y de los abonos los 365 días del año, y no solo durante un pequeño lapso de tiempo. “Se debe terminar, por otra parte, con los boletos mellizos, es decir con idéntica numeración, que suele ser práctica en algunas líneas, para que ingresen al municipio los aportes y tributos que corresponden y no como sucede hoy con algunas de las empresas”, indicó.
Para López Salgado, “es imperioso se convoque durante este año a licitación pública nacional para el servicio de transporte automotor de pasajeros, y terminar con la precariedad y los parches. Por ello, he elaborado un proyecto de ordenanza para que el municipio convoque a licitación pública, y a tal efecto se debe continuar trabajando desde ya en los pliegos de bases y condiciones generales, para la concesión y explotación del servicio. Este sistema debe garantizar la mayor accesibilidad al sistema de transporte por parte de los usuarios”.
El edil considera que deberá trabajarse bajo las estipulaciones de la ley 1886 de Procedimientos Administrativos de Jujuy y de las ordenanzas en vigencia como la 3152/00, teniendo en cuenta la importancia que reviste el municipio a nivel local y regional, priorizando premisas tales como el favorecimiento de la planificación urbana; brindar un marco de seguridad jurídica a los usuarios y a las empresas de transporte, otorgando un plazo de vigencia de 5 años con una renovación; totalizar un parque automotor con unidades equipadas para brindar un servicio seguro y confortable, con unidades que no superen los 5 años, delimitando los derechos y obligaciones de los empresarios, usuarios y municipio.
Por otro lado, la iniciativa contempla que la licitación debe coadyuvar a hacer efectiva una política de transporte acorde al aumento de la población y habitacional, dando un marco legal al servicio y poner fin al régimen precario de inseguridad jurídica existente, regularizando el crónico incumplimiento de las prestatarias a las normas legales vigentes (frecuencias, disponibilidad de unidades en horarios pico, expendio continuo del abono mensual, etc.).
Asimismo, este pliego debe garantizar el servicio a los núcleos poblacionales que hoy no cuentan con el mismo, o donde éste es severamente defectuoso; establecer reglas claras que posibiliten concertar con las empresas políticas de inversión, a fin de dar una mejora sostenida en el tiempo; prever en caso de incumplimiento un régimen de penalidades, la aplicación de sanciones y la rescisión contractual; propender al compromiso y responsabilidad laboral de los empresarios-empleados y, entre otros puntos, establecer la responsabilidad civil y penal del concesionario frente a terceros, concluyó el edil.
Cabe recordar que a fines de diciembre del año pasado, el edil se opuso al “tarifazo” de diferentes puntos de la ordenanza impositiva, al aumento por el servicio de la empresa Limsa, y a la suba en el precio del boleto del transporte automotor.
Recordó que en aquel entonces el aumento en el precio del boleto personalmente lo rechazó “porque el pedido fue solicitado por la Cámara Transporte, es decir no fue remitido orgánicamente como corresponde, y no fue acompañado por un estudio de costos serio, ni brindó ningún otro tipo de participación”.
Del mismo modo, se opuso a la prórroga y aprobación de nuevos permisos precarios otorgados a diferentes empresas de transporte por el término de un año, para la explotación del servicio de colectivos de pasajeros, “porque me parece un despropósito y una incoherencia con lo sostenido públicamente desde el municipio”.
“Hoy, sigo oponiéndome en ceder a las pretensiones de las empresas y en otorgar un aumento en el boleto que no contemple la realidad social de la mayoría de los usuarios, lo que haría imperioso poner en vigencia un abono social, que posibilite un descuento en el precio diferenciado, de la tarifa que eventualmente sancione la mayoría del Concejo Deliberante”, apuntó el edil.
El concejal peronista remarcó la necesidad de que las empresas cumplan los compromisos asumidos con anterioridad y de que antes de tratar cualquier suba del boleto “deberían los empresarios comprometerse a corregir las falencias del servicio que los concejales, los dirigentes vecinales y las organizaciones sociales les han marcado y hasta reprochado enfáticamente durante las reuniones realizadas en estos días”.
Por otro lado, consideró que debe haber un claro compromiso de un verdadero control en la venta de los boletos y de los abonos los 365 días del año, y no solo durante un pequeño lapso de tiempo. “Se debe terminar, por otra parte, con los boletos mellizos, es decir con idéntica numeración, que suele ser práctica en algunas líneas, para que ingresen al municipio los aportes y tributos que corresponden y no como sucede hoy con algunas de las empresas”, indicó.
Para López Salgado, “es imperioso se convoque durante este año a licitación pública nacional para el servicio de transporte automotor de pasajeros, y terminar con la precariedad y los parches. Por ello, he elaborado un proyecto de ordenanza para que el municipio convoque a licitación pública, y a tal efecto se debe continuar trabajando desde ya en los pliegos de bases y condiciones generales, para la concesión y explotación del servicio. Este sistema debe garantizar la mayor accesibilidad al sistema de transporte por parte de los usuarios”.
El edil considera que deberá trabajarse bajo las estipulaciones de la ley 1886 de Procedimientos Administrativos de Jujuy y de las ordenanzas en vigencia como la 3152/00, teniendo en cuenta la importancia que reviste el municipio a nivel local y regional, priorizando premisas tales como el favorecimiento de la planificación urbana; brindar un marco de seguridad jurídica a los usuarios y a las empresas de transporte, otorgando un plazo de vigencia de 5 años con una renovación; totalizar un parque automotor con unidades equipadas para brindar un servicio seguro y confortable, con unidades que no superen los 5 años, delimitando los derechos y obligaciones de los empresarios, usuarios y municipio.
Por otro lado, la iniciativa contempla que la licitación debe coadyuvar a hacer efectiva una política de transporte acorde al aumento de la población y habitacional, dando un marco legal al servicio y poner fin al régimen precario de inseguridad jurídica existente, regularizando el crónico incumplimiento de las prestatarias a las normas legales vigentes (frecuencias, disponibilidad de unidades en horarios pico, expendio continuo del abono mensual, etc.).
Asimismo, este pliego debe garantizar el servicio a los núcleos poblacionales que hoy no cuentan con el mismo, o donde éste es severamente defectuoso; establecer reglas claras que posibiliten concertar con las empresas políticas de inversión, a fin de dar una mejora sostenida en el tiempo; prever en caso de incumplimiento un régimen de penalidades, la aplicación de sanciones y la rescisión contractual; propender al compromiso y responsabilidad laboral de los empresarios-empleados y, entre otros puntos, establecer la responsabilidad civil y penal del concesionario frente a terceros, concluyó el edil.
